El Tribunal Supremo ha aceptado iniciar una causa contra José Luis Ábalos, exministro de Transportes, por su posible implicación en el ‘caso Koldo’. El alto tribunal lo hace debido a la condición de aforado de Ábalos, que es diputado en el Congreso, y por tanto, es el único organismo que tiene competencias para determinar su imputación.

De acuerdo con el auto al que ha tenido acceso este periódico, «bastará la posibilidad razonable de que los hechos, justificando la imputación, hayan ocurrido, para que proceda la apertura de la fase de investigación que constate los elementos necesarios para determinar la concurrencia o no del comportamiento delictivo que en aquélla se indica». En este punto, cabe recordar, que, según tal exposición razonada, los investigados «disponían de información previa sobre las necesidades derivadas de la urgencia, lo que les permitió realizar una oferta para asegurar la adjudicación del contrato de suministro» a la empresa de la trama, aprovechándose así de «la situación de emergencia derivada de la pandemia por el COVID».

El alto Tribunal considera, además, que los investigados, «aprovechando la condición de aforado de Secretario de organización del partido político PSOE, participaron en las contrataciones de otras administraciones», y que, el exasesor del Ábalos, Koldo García, «intervenía activamente en la contratación, gestionaba los contratos de adjudicaciones a las empresas y, al tiempo, realizaba operaciones para ocultar cobros recibidos de la organización».

De acuerdo siempre con la documentación, el ministerio público considera que los contratos de adquisición de material sanitario fueron realizados en favor de la empresa Soluciones de Gestión, «sin dar opción a que fueran presentados otras ofertas», cuya actuación «tuvo una compensación económica, concretamente, la adquisición y disfrute de una vivienda en la urbanización «La Alcaidesa», Cádiz, que sería disfrutada por el aforado ante esta Sala».

Cabe precisar, en este punto, que Claudio Rivas, socio venezolano de Aldama, recurrió a éste para que le facilitara una reunión con el director del Gabinete del Ministerio de Industria, Juan Ignacio Díaz, entre los días 24 y 28 de diciembre de 2020, con el objetivo obtener la condición de operadora de Villafuel -empresa que Claudio administraba- y poder poner así en marcha el presunto fraude de los hidrocarburos, que ha llevado al comisionista a prisión. A cambio de que Aldama le facilitase ese encuentro con el ministerio para conseguir la licencia, Rivas, según un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, compró el chalet del exministro Ábalos a través de una de las sociedades que el «controlaba», Have Got Time, que se dedicada también al comercio de hidrocarburos. Según los investigadores, ese inmueble guarda «una relación directa con las adjudicaciones públicas a Soluciones de Gestión»,

Su «papel principal»

La decisión del Supremo llega después de que el magistrado del Juzgado de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, instara al Tribunal a investigar a el exministro, a quien, además, atribuyó un «papel principal» en la trama, considerada ya organización criminal. Moreno propuso, además, una «imputación clara y concreta» a Ábalos, pues consideró que existen «una serie de indicios que evidencian» su participación en los hechos delictivos de tráfico de influencias y cohecho, entre otros.

En paralelo, Moreno concluyó, respecto al delito de tráfico de influencias, que «estaría acreditada la intervención» del exministro para la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas a la empresa del comisionista Aldama, Soluciones de Gestión, así como en la contratación de la mujer con la que entonces mantenía una relación personal en dos empresas públicas. El magistrado tuvo, no obstante, que consultar al Congreso de los Diputados si Ábalos seguía ostentando la condición de diputado (lo que le confiere el aforamiento) para, en caso afirmativo, poner en marcha el proceso por el cual el Supremo iniciase su investigación.

Así las cosas, Ismael Moreno propuso al Supremo una «imputación clara y concreta» por «una serie de indicios que evidencian» que Ábalos puede ser culpable por posibles delitos de tráfico de influencias y cohecho en el contexto de la investigación a Víctor de Aldama, el conseguidor de la trama que buscaba beneficios en contratos con administraciones públicas.

En la misma línea, la Fiscalía Anticorrupción solicitaba también la imputación del exministro socialista al considerar que «resulta difícil entender la operativa desarrollada por Koldo García y Victor de Aldama sin la participación de Ábalos, tal y como se recoge en el informe de la UCO». En esa petición, el ministerio público aseguraba que «todo estaba avalado por el ministro», al que se calificaba como «el jefe».